El Gobierno deliberadamente busca crear un conflicto político

El presidente Correa decidió pelearse con la cúpula de las Fuerzas Armadas y la pregunta es por qué ahora, llegando a la destitución de los integrantes de su Comando Conjunto, a pocos días de que éste termine el período de sus funciones.

Si recapitulamos el desarrollo del conflicto, el origen estaría en el desacuerdo de la institución militar con la decisión gubernamental de quedarse con 41 millones de dólares que pertenecen al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que, según el presidente Correa, habrían obtenido por la venta sobrevaluada de unos terrenos en Los Samanes, Guayaquil.

Aunque la intemperancia del presidente es bastante conocida, ¿el pronunciamiento público de los integrantes del Comando Conjunto en defensa de los recursos del ISSFA provocó una febril respuesta que podría abrir las puertas a una crisis política?

Cuando se hizo público el pedido gubernamental de recuperar esos 41 millones de dólares –que inicialmente se dijo eran 38 millones- algunos sectores aludieron que se debía a las enormes necesidades financieras del régimen. En medio de la crisis económica en curso cualquier centavo cae como una bendición para el Gobierno, pero… ¿tanto así como para provocar un conflicto ni más ni menos con las Fuerzas Armadas? Antes, el Gobierno ya se apropió de recursos, por ejemplo, del seguro de cesantía de los maestros o de una parte de las pensiones jubilares, pero no es lo mismo provocar a la institución que tiene en sus manos las armas.

41 millones de dólares no es mucho dinero como para correr el riesgo de desatar una peligrosa disputa con dicha institución, a no ser que lo que se está buscando es, justamente, provocar un conflicto político.

El Gobierno prevé ganar réditos políticos al cabo de su desenlace, con la certeza de que el peor escenario posible que podría presentarse no se producirá: un golpe de Estado. Desde que saltó el conflicto, y sobre todo tras la destitución de los integrantes del Alto Mando Militar, se escuchan opiniones y excitaciones en la línea de que las FFAA no deben permitir que se mancille su honor y que deben hacer respetar su honra. En léxico político-castrense eso se traduce como provocar la destitución del presidente.

La apuesta de Correa es esa: que se genere la idea de que está en curso una conspiración golpista, que en realidad no existe porque las FFAA no tienen la intención de impedir que Rafael Correa termine su período presidencial. Justamente por esto último el presidente lleva la provocación al límite posible y, para “exteriorizar su desacuerdo” con el papel que las FFAA han jugado en algunos aspectos de la vida del país, pone en el tapete público elementos que no dejan de ser ciertos como: los grandes beneficios materiales de la cúpula militar a diferencia de lo que ocurre con la tropa, los millonarios recursos económicos amasados por las FFAA a través de más de un centenar de empresas de distinta índole que en su momento manejaron, o la acumulación de bienes muebles e inmuebles a través de leyes especiales en su favor.

Hábilmente, el presidente aguijonea ese sentimiento anti-militar existente sobre todo en aquellas generaciones que conocen lo que fueron las dictaduras militares y en general en quienes repudian su función represiva a la protesta popular, como ocurrió, por ejemplo, con las protestas de agosto del año pasado. El propósito es claro: apartar a la cúpula de la tropa y distanciar a la institución militar del sector civil.

El Gobierno apela una vez más a la artificial creación de un enemigo grande que lo amenaza y le pone en riesgo, y para enfrentarlo necesita del apoyo –y de la conmiseración- de la ciudadanía. Artificio repetido de tiempo en tiempo –en la línea de la victimización- que le ha permitido sortear distinto tipo de conflictos o mediatizarlos.

Busca recuperar parte de la adhesión perdida en los últimos meses e impedir que la tendencia en ese sentido se mantenga, al menos en esos niveles. El momento político para el Gobierno es complejo, hay una crisis económica que afecta en general a todos los ecuatorianos, que ha llevado a que muchos evalúen la gestión gubernamental con una visión crítica que antes no la tenían, mientras otros se reafirman en el criterio que la revolución ciudadana era y es un proyecto muy bien vendido pero de pésimos contenido y resultados.

Pero no solo la percepción que la población tiene de la crisis le preocupa al presidente, sino la respuesta que los sectores más afectados por ella den a la situación actual y la forma como se comporte electoralmente en los comicios del año venidero. Correa dice que no hay crisis, sin embargo toma medidas que en los hechos expresan su reconocimiento, como el último anuncio de flexibilización en las relaciones laborales que conlleva la super explotación de la fuerza de trabajo. Ese es el contexto en el que Gobierno provoca un conflicto para llevar a atención hacia un fenómeno que se muestra grave, pero que lo tiene controlado.

Tomado de: EcuadorLibreRed

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