Una farsa llamada “diálogo nacional”

por Guido Proaño A.

Pocas horas le tomó al Gobierno para confirmar, desde su anuncio, que el llamado a un diálogo nacional era una maniobra política que busca sortear el difícil momento que atraviesa. Mientras más abundan los funcionarios gubernamentales en explicar cómo se desarrollará el proceso, más argumentos tienen las organizaciones populares para sostener que no se prestarán para ese juego.

El supuesto diálogo se convertirá en uno de los ejes de la política gubernamental en los próximos meses, no solo hasta septiembre que se supone durarán las conversaciones sectoriales, sino aún después cuando vendrá la “socialización” de sus resultados. Es el tiempo que el Gobierno necesita para enfriar las cosas y ver cómo recompone sus fuerzas, durante el cual no habría razón para protestar porque se está “conversando”. No resulta difícil imaginar la ofensiva publicitaria que se montará para mostrar “los miles” de ciudadanos participantes. Simplemente será atosigante.

En teoría, un diálogo nacional –como el que el Gobierno dice convocar- se desenvuelve bajo el criterio de que todos los participantes lo hacen en igualdad de condiciones, en el que el Estado abandona su estatus de superioridad sobre el resto para actuar como un actor social más a fin de llegar a acuerdos. Pero eso no ocurre en este caso, pues, el Gobierno escoge los participantes, descalifica a quienes según él no pueden estar, se adelanta en señalar que lo que busca es explicar el contenido de las leyes que se vio obligado a retirar de la Asamblea, es decir, mantiene el estatus de superioridad y tiene definido ya hacia dónde se debe llegar. ¿Es eso diálogo nacional?

El secretario nacional de la planificación, Pabel Muñoz, encargado de coordinar el proceso, ha definido la fórmula que califica a quienes podrán participar en la convocatoria, y el elemento que determina su idoneidad es la “buena fe”. Aspecto por demás subjetivo que muestra los parámetros en los que se apoyan quienes tienen en sus manos, ni más ni menos, la responsabilidad de determinar el rumbo para el desarrollo del país.

¿Quiénes actúan con “buena fe”? Para el régimen únicamente los que apoyan entusiastamente a la denominada “revolución ciudadana”, porque los que la critican son conspiradores, sufridores, tirapiedras, derechistas o manipulados por la derecha, por lo tanto están fuera del proceso de diálogo.

El ministro del Trabajo, Carlos Carrasco, es por demás explícito al definir las premisas condicionantes del diálogo. “Los sectores afines al Gobierno son la mayoría” ha señalado, con lo que deja en claro no solo cómo se integrarán las mesas de diálogo sino también sus resoluciones. En la lógica que a diario repite el presidente Correa, si son mayoría la opinión del resto no tiene valor alguno… hasta que ganen algún proceso electoral. Claro que para guardar las apariencias, el mismo Carrasco, en lo que podría calificarse como un trance de desprendimiento democrático, dice que también convocará “a las minorías”. Seguramente está a la espera de que se agradezca tal desprendimiento.

No hay lugar a equívocos, la parodia de diálogo no pasará de ser una serie de reuniones en la que se lancen alabanzas y loas a los supuestos avances de la “revolución ciudadana” y a “la más alta expresión de democracia participativa que haya conocido el país”.

Hay otros elementos que develan la farsa. El nombre completo del proceso es “Diálogo nacional por la equidad y la justicia”, y según el titular de la Senplades, en él se debatirá “el tipo de sociedad que aspiran los ecuatorianos”.

Vamos por partes. Luego de ocho años de gobierno y a dos de que se vayan a su casa recién se les ocurre debatir sobre el tipo de sociedad que los ecuatorianos queremos. Por decir lo menos, es una tomadura de pelo. ¿Alguien puede creer que “de buena fe” le interesa al Gobierno conocer el país que los ecuatorianos aspiran?

Otro elemento que desbarata la demagógica convocatoria es aquello de diálogo por la “equidad y la justicia”. Según aseveraciones inclusive del propio presidente Correa, el debate tiene como elemento esencial explicar pormenorizadamente el contenido de las leyes conocidas como de herencias y plusvalía. Ninguna persona sensata puede creer que la equidad y la justicia social se puede lograr con esas dos leyes, lograrlo requiere aplicar una auténtica política revolucionaria que este Gobierno no la ha aplicado ni está dispuesto a hacerlo. Para muestra de los resultados de su gestión tenemos el beneficio obtenido por la banca en estos años de gobierno de la revolución ciudadana.

Este Gobierno, desde su posesión, nunca ha dialogado con los trabajadores y el pueblo, en el mejor de los casos se ha sentado a negociar con representantes de los empresarios, y ahora tiene el interés de reproducir el mismo ejercicio. Es de su interés político presentar como sus contradictores a esos últimos sectores mencionados y no al movimiento social organizado, y lo hace -en este caso- no solo con la mirada puesta en la coyuntura, sino en la perspectiva electoral de 2017. Siente que a esos sectores los puede derrotar en una lid electoral, pero teme a una propuesta política que surja desde el movimiento social organizado, por eso intenta echar tierra sobre su lucha y sobre su misma existencia.

#correa #marcha